La ausencia de un Estado capaz de ejercer funciones redistributivas y reguladoras constituye uno de los principales factores de la creciente desigualdad en las sociedades contemporáneas. Este artículo analiza las implicancias económicas, sociales y éticas de la falta de intervención estatal en la dinámica del mercado, destacando cómo la acumulación concentrada de riqueza conduce inevitablemente a tensiones estructurales y conflictos sociales. Se sostiene que la redistribución no debe entenderse como un acto de caridad, sino como una condición indispensable para la estabilidad democrática y la sostenibilidad del desarrollo.

El funcionamiento del mercado no garantiza por sí mismo la justicia social ni el bienestar colectivo. En ausencia de un Estado capaz de forzar la redistribución y regular el mercado, la lógica de la acumulación capitalista tiende a concentrar los recursos en manos de unos pocos actores económicos. Esta concentración no solo amplía la brecha social, sino que mina los fundamentos de la cohesión política y cultural de las naciones.
La historia demuestra que la desigualdad extrema no se resuelve espontáneamente; requiere intervención deliberada, planificación y políticas públicas sólidas (Stiglitz, 2012).

El Estado moderno, según la tradición keynesiana, tiene como función esencial corregir las fallas del mercado y garantizar un nivel mínimo de bienestar para todos los ciudadanos.
Como explica John Maynard Keynes (1936), los mercados son intrínsecamente inestables y propensos a crisis de sobreproducción, desempleo y desigualdad. Por ello, el Estado debe intervenir mediante políticas fiscales, monetarias y sociales orientadas a la redistribución del ingreso y la corrección de desequilibrios estructurales.

Asimismo, Thomas Piketty (2019) sostiene que la desigualdad económica tiende a reproducirse a lo largo del tiempo, ya que la tasa de retorno del capital (r) supera sistemáticamente la tasa de crecimiento económico (g). En ausencia de impuestos progresivos, redistribución de la riqueza y políticas inclusivas, la acumulación se convierte en un proceso exponencial que fortalece las élites y debilita la democracia.
Por tanto, la redistribución no es solo una cuestión económica, sino una garantía de estabilidad política.

El discurso neoliberal ha promovido la idea de que el libre mercado, sin interferencia estatal, es el mejor asignador de recursos. Sin embargo, esta visión omite que los mercados no son entes naturales, sino construcciones institucionales influenciadas por intereses corporativos y relaciones de poder (Polanyi, 1944).
Cuando el Estado abdica de su función reguladora, las fuerzas económicas dominantes capturan el sistema institucional, generando monopolios, evasión fiscal y precarización laboral.

La evidencia empírica muestra que las sociedades que reducen la intervención estatal tienden a experimentar aumentos significativos de desigualdad y reducción de movilidad social (OECD, 2020). En este contexto, la riqueza no se distribuye según el mérito, sino según la posición de partida: los ricos heredan ventajas estructurales, mientras los pobres permanecen atrapados en ciclos de exclusión (Atkinson, 2015).

La desigualdad no es solo un fenómeno económico: es también un problema político y moral.
Cuando la redistribución se debilita, el tejido social se fractura y surgen tensiones que se expresan en polarización, populismo o violencia social.
De acuerdo con Wilkinson y Pickett (2010), las sociedades más desiguales presentan mayores niveles de criminalidad, enfermedades mentales, desconfianza interpersonal y deterioro institucional.

El filósofo John Rawls (1971) argumenta que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales. Una sociedad estable depende de que sus ciudadanos perciban que las oportunidades son equitativas y que las cargas se distribuyen de manera justa.
En ese sentido, el principio de diferencia —según el cual las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos— sigue siendo un criterio normativo esencial para evaluar la legitimidad del Estado moderno.

El desafío actual consiste en redefinir el papel del Estado en un contexto de globalización, automatización y concentración digital.
El Estado del siglo XXI no debe ser burocrático ni paternalista, sino inteligente y ético, capaz de aprovechar la tecnología —como la inteligencia artificial, los datos abiertos y la economía circular— para diseñar políticas redistributivas más precisas y sostenibles (Mazzucato, 2021).

Este nuevo pacto social debe basarse en la redistribución no solo de ingresos, sino también de conocimiento, tiempo y oportunidades.
Un sistema fiscal progresivo, la garantía de servicios públicos universales, la educación digital inclusiva y la transición hacia economías sostenibles son pilares indispensables para evitar la deriva hacia sociedades duales e inestables.

La ausencia de un Estado redistributivo y regulador convierte al mercado en un mecanismo de acumulación sin límites ni contrapesos.
En consecuencia, la desigualdad se transforma en el motor del conflicto social, debilitando la democracia y erosionando la confianza pública.
Frente a ello, la redistribución debe concebirse como una política de prevención civilizatoria, orientada a preservar la paz y la dignidad humana.
Un Estado fuerte y justo no es el enemigo del mercado, sino su condición de posibilidad.
La equidad, en última instancia, no es un lujo moral: es el fundamento del desarrollo sostenible.

Referencias

Atkinson, A. B. (2015). Inequality: What can be done? Harvard University Press.

Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. Macmillan.

Mazzucato, M. (2021). Mission economy: A moonshot guide to changing capitalism. Allen Lane.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Income inequality update: Income inequality remains high in the face of weak recovery. OECD Publishing.

Piketty, T. (2019). Capital et idéologie. Seuil.

Polanyi, K. (1944). The great transformation: The political and economic origins of our time. Beacon Press.

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.

Stiglitz, J. E. (2012). The price of inequality: How today’s divided society endangers our future. W.W. Norton & Company.

Wilkinson, R., & Pickett, K. (2010). The spirit level: Why equality is better for everyone. Penguin Books.