El fuerte crecimiento económico registrado en Perú durante las últimas dos décadas ya ha impulsado los ingresos y el nivel de vida. Para continuar con su trayectoria de crecimiento, Perú debe mantener unas finanzas públicas sólidas, liberar el potencial de su capital humano y mejorar el entorno de negocio, sobre todo para las pequeñas empresas, según un nuevo informe de la OCDE.

La última edición de Estudios Económicos de la OCDE: Perú prevé que el PIB crezca un 2,8% este año y un 2,6% en 2026. En vista de que la inflación se sitúa dentro del rango objetivo del banco central, entre el 1% y el 3%, la política monetaria debería mantener, en términos generales, una orientación neutral y en función de los datos para proteger la estabilidad de precios frente a los riesgos nacionales e internacionales.

De cara al futuro, el reto consiste en impulsar un crecimiento resiliente e inclusivo al tiempo que se mantienen unas sólidas finanzas públicas. Si se cumple nuevamente la regla fiscal, se conseguiría preservar la solidez del marco macroeconómico del país, salvaguardando a la vez la confianza de los inversores. Las reformas destinadas a mejorar la eficiencia del gasto público y a optimizar los ingresos —mediante la ampliación de la base impositiva y la reducción de la evasión— aportarían un mayor margen para acometer inversiones sociales necesarias y que impulsen la productividad.

«Perú puede reforzar las bases para desarrollar el crecimiento a largo plazo mejorando las competencias de la fuerza laboral, impulsando el acceso de las pequeñas empresas al financiamiento, fomentando la creación de empleos formales y acelerando la adaptación al cambio climático», ha afirmado Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE, «Para poder financiar las inversiones necesarias en infraestructuras, educación y protección social, así como en la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, será necesaria una mayor eficiencia en el gasto y unas instituciones fiscales sólidas que salvaguarden la sostenibilidad de la deuda«.

El Estudio concluye además que el elevado nivel de informalidad y los débiles resultados en educación frenan el potencial de Perú a la hora de impulsar la creación de empleo formal y el crecimiento. Es necesario adoptar una estrategia integral para promover el empleo formal que incluya la mejora de las competencias, la reducción de las contribuciones a la seguridad social para los trabajadores con bajos ingresos, la simplificación de la regulación laboral y empresarial, y una aplicación más firme de la legislación tributaria y laboral. Asimismo, es fundamental que se refuerce el Estado de derecho para garantizar la aplicación efectiva de estas reformas.

La inversión en capital humano también será importante. Impulsar una educación de primera infancia y cuidado infantil de alta calidad, sobre todo en las familias de bajos ingresos y en las zonas rurales, mejoraría los resultados educativos y aliviaría las responsabilidades de cuidado de las mujeres, permitiendo que un mayor número de ellas pueda acceder a trabajos formales y mejor remunerados. Asimismo, al fortalecer la educación y formación profesional, también se impulsarían nuevas oportunidades de empleo formal para los jóvenes.

El limitado acceso al financiamiento está lastrando la inversión y la transición hacia una economía más resiliente e inclusiva. La penetración del crédito sigue siendo baja, al tiempo que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYME), que representan la mayor parte del sector empresarial, tienen dificultades para acceder a créditos asequibles. Las reformas deben centrarse en reducir los costos de financiamiento, impulsar fuentes de financiamiento alternativas adaptadas a las necesidades de las MIPYME y desarrollar los mercados de capitales.

Perú es muy vulnerable al cambio climático y se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática para el año 2050 pero, para reducir las emisiones y aumentar la resiliencia, será necesario adoptar medidas ambiciosas. Si se detuviera la deforestación, se impulsarían las energías renovables y el transporte con bajas emisiones, y se reforzarían las políticas de adaptación, se lograría mejorar la resiliencia ambiental y se respaldaría el crecimiento sostenible.

Los 38 miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Reino Unido,
Suecia, Suiza y Turquía.

Perú es uno de los ocho países candidatos (los otros siete son Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Indonesia, Rumanía y Tailandia) que se encuentran en proceso de adhesión a la OCDE. El 25 de enero de 2022, el Consejo de la OCDE decidió iniciar las conversaciones de adhesión con Perú y el 10 de junio de ese mismo año, se adoptó la Hoja de Ruta de Adhesión que establece las condiciones y el proceso a tal efecto. De acuerdo con esta hoja de ruta, 24 comités técnicos de la OCDE, compuestos por expertos responsables de la formulación de políticas de cada uno de los 38 miembros de la OCDE, llevarán a cabo una evaluación en profundidad de la legislación, las políticas y las prácticas de Perú en relación con los instrumentos jurídicos de la OCDE y las mejores políticas y prácticas de la Organización, que abarcan prácticamente todos los ámbitos de la política gubernamental, incluida la política económica, el mercado laboral y la política social, la educación y la salud. Estos exámenes pueden dar lugar a recomendaciones de cambios en la legislación, las políticas y las prácticas de Perú, además de ayudar a este país a identificar cómo mejorar los resultados en favor de su población.

El proceso de adhesión tiene como propósito principal acercar a Perú a los estándares, las políticas públicas y las prácticas más eficaces de la OCDE, con el fin de generar beneficios concretos tanto para los países miembros como para Perú y su población. A lo largo del proceso de adhesión, la OCDE cooperará estrechamente con Perú para apoyar la adopción de reformas duraderas con este fin.

Este Estudio Económico será tenido en cuenta en el examen de adhesión de Perú por parte del Comité de Revisión del Desarrollo Económico (EDRC), uno de los 24 comités de la OCDE que realiza el examen de adhesión de Perú conforme a la Hoja de Ruta de Adhesión.

Además de esta cooperación con respecto a la adhesión, la OCDE también colabora con Perú, al igual que con otros países no miembros, en proyectos específicos del país. Esta colaboración adopta diversos formatos, entre ellos exámenes de políticas específicos del país, la integración de series de datos pertinentes en bases de datos de la OCDE, ejercicios de comparación relativa y adhesión a instrumentos de la OCDE.

Perú participa además activamente en el Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, que ayuda a la región de ALC a avanzar en su programa de reformas basado en cuatro prioridades fundamentales para esta región: aumentar la productividad, ampliar la inclusión social, reforzar las instituciones y la gobernanza, y garantizar la sostenibilidad ambiental. Asimismo, en Perú se encuentra el Centro Regional de la OCDE para la Competencia en América Latina, con sede en Lima, que presta asistencia para la creación de capacidad y asesoramiento en materia de políticas en toda América Latina, a través de talleres, seminarios y programas de capacitación sobre derecho de la competencia y política para los funcionarios de organismos de defensa de la competencia, reguladores sectoriales y otras partes del gobierno.