El cambio climático concurre en afectación económica en conjunto con elementos estructurales y coyunturales, se viene evidenciando un incremento en los niveles de vulnerabilidad hídrica, y con ello la manifestación de numerosos problemas para un suministro suficiente en calidad y cantidad del recurso y eso incide claramente en la producción y por cierto en la economía de productores y de la cadena de distribución. Sin embargo, tales consecuencias son socialmente diferenciadas, porque la distribución afecta de manera desproporcionada a los grupos desfavorecidos, particularmente a la población que depende de productos y servicios públicos[i].

La mayor sensibilidad por el agua está cambiando el conjunto de acuerdos que existen entre la sociedad civil, el mercado y el gobierno. Con ello, se configuran nuevas prácticas formales e informales de uso y manejo de los recursos naturales para dar una nueva gobernanza ambiental que comienza a caracterizarse por una mayor subordinación del rol del Estado a metas de crecimiento económico en detrimento de cumplir sus funciones hacia el bienestar social y el cuidado de los niveles de resiliencia ecológica.

El uso de herramientas de mercado se incluye cada vez más como un componente de la gestión del agua para uso urbano en el contexto de gobernanza ambiental, relacionado con el establecimiento de políticas públicas. El concepto de tratar el agua como un bien escaso se corresponde con la adopción de modelos de gobierno de corte neoliberal; es decir, definir un precio para el líquido en base a una supuesta regla de oferta y demanda. Con base en esta noción, la internalización de las externalidades ambientales pretende aliviar el problema de la asignación del recurso hídrico[ii].

Así, para la gestión del agua en ciudades que dependen de su abastecimiento para el consumo humano de fuentes finitas, como los acuíferos, los permisos del uso del agua han surgido del neoliberalismo como una herramienta que promueve el desarrollo económico y, al mismo tiempo, mitiga el aumento de vulnerabilidad del recurso hídrico.

Abordar este tema, demostrando que el enfoque de gobernanza ambiental basado en la economía neoclásica tiene sesgos éticos y ambientales; promueve procesos de injusticia social y deterioro ambiental. En contraste con este enfoque, ofrecemos una perspectiva alternativa, no solo teórica y metodológica, sino también ética, con consecuencias para la implementación de la gobernanza ambiental acompañada de justicia social y ambiental, el enfoque es similar a la teoría de Polanyi [1944] (2003) de subordinar (arraigar) la economía de mercado a las interacciones sociales y no al revés, rechazando la ilusión del mercado «autorregulador». La gestión del agua se valora desde aspectos éticos como el derecho humano al agua (en calidad y cantidad) en concordancia con la creciente responsabilidad ambiental como consecuencia de estos métodos poco ortodoxos.

Los Principios de Dublín de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente de 1992 personifican esta tendencia en la gobernanza ambiental: «el agua tiene un valor económico en todas sus aplicaciones competitivas y debe ser reconocida como un bien económico»[iv]. Además de esta proclamación, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) afirmó de manera inequívoca que “la economía debe desempeñar un papel más destacado en la gestión eficaz del agua”[v]. Con estas perspectivas, los gobiernos estaban interesados ​​en incluir el instrumento de mercado como una estrategia para minimizar los gastos operativos de la gestión del agua que realizan los burócratas gubernamentales, pero la nueva función del agua (con sus ingresos) como una nueva estrategia de acumulación de capital.

Esta ideología, así como organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI y la OMC[vi], promovieron el uso del mercado como el instrumento idóneo para gestionar la liquidez de la demanda. Chile y España son dos situaciones icónicas conflictivas. Por un lado, los investigadores del Banco Mundial[vii] han enfatizado las ventajas de estas dos instancias, particularmente en términos de asignación eficiente.

¿Es acaso que, estaremos por vivir una guerra por el agua, tras vivir una serie de conflictos por el recurso hídrico?

Una alerta válida que merece tenerse en cuenta para prevenir siembra y cosecha regulada del líquido elemento.

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[i] (Swyngedouw 2004; Barkin 2006).

[ii](Holden y Thobani 1995; Rosegrant y Gazmuri 1995; Simpson y Ringskog 1997).

[iii] (Lynne 1988; Donoso, Jouravlev, Pea y Zegarra 2004).

[iv] (Global Water Partnership 2000 :18)

[v] (Gleick, Wolf, Chalecki y Reyes 2002: ii)

[vi] (Lynne 1988; Holden y Thobani 1995; Rosegrant y Gazmuri 1995; Simpson y Ringskog 1997; Dourojeanni y Jouravlev 1999; Donoso, Jouravlev, Pea, y Zegarra 2004)

[vii] Simpson y Ringskog (1997)