ECONOMIA PARA TODOS

Una de las lecciones más importantes durante periodos inflacionarios es que, una vez que la inflación se hace presente, por algún tiempo, los distintos sectores de la economía buscan la manera de protegerse de ella. Las formas que toma dicha protección son muy diversas. Algunos grupos buscan obtener leyes que ajusten sus precios automáticamente con la inflación. Otros acumulan bienes cuyo precio esperan que suba con la inflación, otros evitan hacer gastos cuyo rendimiento está sometido a mayor incertidumbre debido a la inflación (como las inversiones que rinden fruto a plazo largo). En general, todas las formas de protección contra la inflación tienen costos económicos y sociales para la comunidad: obligan a destinar recursos para protegerse del alza de precios, en vez de usarlos para incrementar la disponibilidad de bienes y servicios, a la vez que generan o agravan los conflictos sociales lo que, a su vez, reduce las posibilidades de producir más.

Las autoridades siempre intentan contener y eliminar la inflación, pero con muy poco éxito, hasta el último cuarto del siglo XX la inflación se alimentaba con presupuestos fiscales, permanentemente deficitarios, financiados mediante préstamos al fisco que no se pagaban nunca. Esto permitía aumentar el gasto público sin que creciera paralelamente el producto potencial (estimación de la cantidad máxima de bienes y servicios finales que una economía puede producir operando a su máxima capacidad) con lo que los precios estaban persistentemente presionados hacia arriba. Por su parte, el sector privado  también aumentaba su gasto más allá de las posibilidades productivas de la economía, obteniendo préstamos del sistema financiero interno o externo; así, se alimentaba también a la inflación.

Al mismo tiempo, los mismos mecanismos de defensa contra la inflación ideados por los diversos sectores, hacían más difícil eliminarla. Tales mecanismos, en la medida en que protegían a estos sectores, que les importaba menos detener la inflación, restaban eficacia a las políticas antiinflacionarias. Por ejemplo, el reajuste automático de sueldos sobre la base de la inflación del año anterior contribuía a generar la necesidad de tener inflación en el período siguiente: habían subido los sueldos, y muchas empresas transferían el alza a sus precios; si no lo hacían debían despedir trabajadores, lo que las autoridades consideraban, con razón, indeseable.

Muchos intentos por detener la inflación fracasaron. Por ejemplo, algunas autoridades pensaron que una manera de detenerla sería fijar un precio clave que arrastrara con él a los demás. Escogieron el precio del dólar, que se declaró inamovible y fijo. Pero continuaron subiendo otros precios y costos en la economía. Con el dólar fijo, los precios de las importaciones tendían a subir menos que los demás, y las cosas importadas competían así con ventaja con los productos nacionales. Por su parte, las exportaciones perdían capacidad para competir en el exterior, puesto que los dólares que obtenían los exportadores  tenían que venderse a precio fijo, mientras sus costos de producción subían. Pronto fue evidente que esta política de tipo de cambio fijo no resistiría, y los que podían hacerlo compraban dólares para guardarlos y aprovechar un futuro aumento de su precio. Mientras tanto, el Banco Central vendía dólares en el mercado al precio fijado por la autoridad para evitar que subiera, perdiendo así sus reservas.

Tiempo después,  el sistema de tipo de cambio fijo no resistió más, y las autoridades se vieron obligadas a permitir que el precio del dólar subiera, con lo que la inflación volvió a tomar impulso. Pero como esto se hizo en un ambiente de crisis, las autoridades establecieron todo tipo de controles a la compra y venta de dólares en los bancos, así como a las importaciones, estableciendo un “precio oficial” para el dólar e intentando evitar que su precio subiera demasiado, estableciendo diversas limitaciones a la compra de dólares. Como resultado, apareció un mercado negro de dólares: los que necesitaban comprar más dólares que los autorizados, pagaban más caro por ellos, saltándose las regulaciones; por su parte, los que vendían dólares trataban de hacerlo al mejor precio que se ofrecía en el mercado negro, entregando al mercado oficial solo lo que no podían evitar. El “precio oficial” del dólar no era entonces una señal apropiada para la asignación de recursos entre importaciones y exportaciones, y productos similares, ni tampoco para la producción interna.

Las autoridades decidieron fijar el precio del dólar para terminar de una vez con la inflación y “anclar” los precios. Sin embargo, otros precios continuaron subiendo, y pronto ocurrió lo mismo que había pasado años antes. Se hizo evidente que el precio del dólar tendría que subir: la gente compraba dólares para guardarlos y el Banco Central perdía reservas. Evitar lo inevitable. Las autoridades permitieron un aumento del precio del dólar lo que, esta vez, trajo graves consecuencias.

De hecho muchas empresas, confiando en la política de cambio fijo, habían pedido préstamos en dólares  que les resultaban muy convenientes ya que, mientras los demás precios subían, el precio del dólar se mantenía inalterable, cuando este precio subió, no tenían los recursos para pagar sus deudas, ahora mucho más altas en moneda nacional. Un gran número de empresas quebró y, con ellas, los bancos perdieron el valor de los préstamos que no podían cobrar.

Casi todos los bancos del país se vieron en la situación de no poder cumplir sus compromisos, y el Estado debió asumir la responsabilidad de evitar una quiebra generalizada del sistema financiero. Todo esto trajo como consecuencia una violenta reducción del gasto público y privado, un muy elevado desempleo de la fuerza de trabajo  y una caída del producto, PBI.

Estos ejemplos ilustran un hecho muy importante: una política antiinflacionaria exitosa no puede basarse solo en establecer un ancla para los precios. Requiere, además, proveer los medios para regular el gasto público y privado, evitar grandes desequilibrios en ciertos mercados, como el del dólar, y tomar en cuenta los mecanismos existentes para protegerse de la inflación y el efecto de aquellos sobre el curso futuro de esta.

Así, la política antiinflacionaria se entiende como un conjunto de medidas y acciones dirigidas a contener y evitar la inflación, y no una medida aislada, por resonante que esta sea.

Como se ha visto, la inflación prolongada es producto de excesos permanentes del gasto sobre el producto potencial, de manera que la clave de la política antiinflacionaria es reducir y eliminar dichos excesos, que pueden provenir del sector público o del privado, de modo que ambos tienen que ser abordados.

Fuente: Carlos Massad en Economía para Todos