El Perú ha sido elogiado por su notable crecimiento económico en las últimas décadas. Sin embargo, este «milagro» económico no ha estado exento de críticas, especialmente en lo que respecta a su impacto social.

Al débil crecimiento económico, se suma la desigualdad en el Perú, y sigue siendo una de las más altas de América Latina. El 1% más rico de la población peruana concentra más del 40% de la riqueza nacional, mientras que el 50% más pobre apenas posee el 13%. Esta brecha abismal se refleja en el acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda, donde los sectores más desfavorecidos se ven relegados a condiciones precarias.

Más del 70% de los trabajadores en el Perú se encuentran en el sector informal, lo que significa que carecen de contratos laborales, seguro social y otros beneficios. Esta situación los expone a la precariedad laboral, bajos salarios y vulnerabilidad ante enfermedades o accidentes.

Los grupos minoritarios, como los pueblos indígenas y las comunidades afroperuanas, continúan siendo marginados en la economía peruana. Su acceso a oportunidades laborales, educación de calidad y participación política es limitado, lo que perpetúa su situación de pobreza y exclusión.

A pesar de los avances en educación, la calidad de la misma sigue siendo desigual y deficiente en muchas zonas del país. Esto limita las habilidades y oportunidades de la fuerza laboral peruana, lo que a su vez obstaculiza el desarrollo económico a largo plazo.

La corrupción, la burocracia y la ineficiencia institucional son factores que obstaculizan el desarrollo económico y social del Perú. Estas debilidades generan un clima de desconfianza e incertidumbre que desalienta la inversión y limita el acceso a servicios básicos para la población.

Si bien el panorama actual presenta serios desafíos, también existen oportunidades para construir una economía peruana más justa y equitativa. Se requieren políticas públicas que promuevan la redistribución del ingreso, la formalización laboral, la inclusión social, la inversión en educación de calidad y el fortalecimiento institucional.

Un enfoque económico con sentido social no solo es moralmente imperativo, sino que también es fundamental para el desarrollo sostenible del Perú. Un país donde la mayoría de su población se beneficia del crecimiento económico tendrá un futuro más próspero, estable y armonioso.

En ese contexto, es imprescindible tratar sobre la inseguridad jurídica y la economía, factores que tienen una relación estrecha y negativa. La inseguridad jurídica se refiere a la falta de certeza y previsibilidad del ordenamiento jurídico, lo que genera desconfianza en los agentes económicos y desalienta la inversión. Esto, a su vez, puede tener un impacto negativo en el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar general de la población.

Los efectos de la inseguridad jurídica en la economía:

• Los inversores necesitan tener certeza sobre las reglas del juego para poder tomar decisiones informadas sobre dónde y cuánto invertir. La inseguridad jurídica puede hacer que los inversores duden sobre la rentabilidad de sus inversiones, lo que puede llevar a una reducción de la inversión nacional y extranjera.
• Las empresas necesitan cumplir con una serie de leyes y regulaciones para poder operar. La inseguridad jurídica puede aumentar el costo de hacer negocios, ya que las empresas necesitan dedicar más recursos a tratar de entender y cumplir con las leyes y regulaciones, y a defenderse en caso de litigios.
• La innovación es esencial para el crecimiento económico. La inseguridad jurídica puede desincentivar la innovación, ya que las empresas pueden tener miedo de desarrollar nuevos productos o servicios si no están seguras de cómo serán tratados por el sistema legal.
• La inseguridad jurídica puede debilitar el Estado de Derecho, lo que puede tener un impacto negativo en la confianza en las instituciones y en la cohesión social.

La inseguridad jurídica afecta la economía:

• Si un gobierno expropia propiedades sin justa compensación, esto puede enviar un mensaje a los inversores de que sus inversiones no están seguras, lo que puede llevar a una reducción de la inversión.
• Si un gobierno cambia las leyes y regulaciones de manera repentina e impredecible, esto puede dificultar que las empresas planifiquen a largo plazo y cumplan con las leyes.
• Si el poder judicial no es independiente del poder ejecutivo, esto puede hacer que las empresas teman que no recibirán un trato justo en los tribunales.

Cómo combatir la inseguridad jurídica:

• Es importante que el Estado de Derecho sea fuerte e independiente, para que las empresas y los inversores tengan confianza en que sus derechos serán respetados.
• Las leyes deben ser claras, precisas y coherentes. Se deben evitar las leyes ambiguas y contradictorias, ya que estas pueden generar inseguridad jurídica.
• El gobierno debe ser transparente y rendir cuentas de sus acciones. Esto ayudará a generar confianza en el sistema legal.
• El sistema judicial debe ser eficiente e imparcial. Los jueces deben estar bien capacitados y ser independientes del poder ejecutivo.

En ese sentido, es hora de que el Perú reoriente su modelo económico hacia uno que priorice el bienestar de todos sus ciudadanos, no solo de una élite privilegiada.