Es cada vez más obvio que el mero crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no equivale al Desarrollo Humano (DH). En efecto, el contenido del enfoque del DH incluye la mejora de la producción, pero envuelve también logros relacionados con una equidad social y territorial en el reparto de la riqueza, el goce de los derechos fundamentales, el fortalecimiento de la democracia real, el respeto al patrimonio cultural de las diferentes grupos etnolingüísticos existentes, la protección del ambiente, el uso  racional de los recursos naturales, la extirpación de la pobreza recurrente y las opciones de la población activa para obtener un empleo decente. La apuesta por el DH implica colocar a la persona como el centro de las políticas públicas y de las iniciativas privadas orientadas a maximizar su  bienestar, en el entorno familiar, comunal y nacional donde se desenvuelve. Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) propiciados por las Naciones Unidas han comprometido las políticas públicas de  varios gobiernos en el mundo; uno de los cuales es el Perú. Son ocho los ODM postulados, el primero de los cuales es el de erradicar la pobreza extrema y el hambre. Esta postura refleja una cuestión vital: la “pobreza” no es un estado irreversible para un segmento de la población; sino que existen condiciones que la “pone en situación de pobreza”; frente a la cual es viable apuntalar decisiones políticas que en verdad consignen estrategias y proyectos de impacto capaces de generar impulsos económicos y sociales para sacarlos de esa malévola posición.

La dinámica sociocultural, el desarrollo y la pobreza estructural, los crecientes cambios económicos, políticos, sociales y culturales, derivados de fenómenos tanto internos como externos (globalización); reconfiguran, sin pausa, el panorama social y la envergadura de las crisis económicas o ambientales, donde actúan tanto las organizaciones civiles como las entidades del Estado. En ambos casos, las reacciones para afrontar adecuadamente estos desafíos suelen ser tardías e inapropiadas por la falta de mecanismos de planeamiento prospectivo o por la equívoca confianza en el utópico libre mercado para solucionar cualquier desarreglo o desviación entre la oferta y la demanda ya sea en una escala total o en algún sector productivo en particular. Uno de los escenarios concretos donde estas falencias son más patentes radica en el tratamiento de la pobreza estructural, sobre la cual el Gobierno Nacional pero también algunos Gobiernos Regionales/Departamentales y Municipales pretenden corregirla mediante una gama de programas sociales que en la mayoría de los casos generan impactos marginales, están desenfocados con respecto a las prioridades de desarrollo que reclama la gente, son inconexos entre sí, tienen un tinte compulsivo y centralista  porque se pretenden imponer desde el Gobierno Nacional y/o se convierten en modalidades propagandísticas para mantener artificiosamente filiaciones políticas  antes y después de las gestas electorales; ya sean estas de escala Presidencial, Congresal, Regional/Departamental o Municipal.

La cuestión es grave porque bajo tal esquema crece el desencuentro entre una realidad saturada de injusticias y exclusión social, y las esperanzas acumuladas de un “bienestar” para las mayorías.

Una cruel, interesada e indeseable organización económica territorial que desaprovecha el potencial de nuestros recursos: humanos, naturales, infraestructurales e institucionales, hábiles para establecer cadenas de valor competitivas, nos limita a una verdadera revolución de lo que correctamente hay que hacer. Este panorama se hace más complejo dada la gran heterogeneidad que nos caracteriza en todas las vertientes: cultural, social, geográfica, política, económica, naturaleza y oportunidades ocupacionales para enfrentarse a la vida real, el tema ha dejado de tratarse con profundidad, solo se está tocando la visión de corto plazo, donde se puede manipular conciencias y establecer convivencias pasajeras, aquellas que son volubles en tanto cambian los intereses.

Aparte de las secuelas o efectos generales anteriormente señalados, es pertinente destacar las implicancias más específicas relacionadas la estimación cualitativa y cuantitativa de la distribución de los ingresos y su correlato, la pobreza y su percepción colectiva; frente a su contraparte más potente: el bienestar, entre tanto, quien levanta el tema y se anima efectivamente a retomar el enfoque, resolver la pobreza de los más carenciados, esa pobreza que se esconde a muy corta distancia de los ojos de quienes hoy ofrecen agua y chamba pero no ofrecen las condiciones para su logro, o aquellos que sin tener en cuenta el día a día de los informales, ofrecen formalizarlos sin mayor efecto que aplicar la ley, esa que de entrada impone condicionamiento económico para quienes no gozan de recursos dinerarios ni siquiera para alimentar a los suyos o a ellos mismos. Quizás la clave esté en el desarrollo de emprendimientos con todo el soporte que estos necesiten, desde el apoyo con recursos económicos hasta la capacitación diversificada, forjando una alianza estratégica entre la Academia, la Empresa Privada, el Estado y Organizaciones Financieras dedicadas al propósito emprendedor.

Fuente: Raúl Lizárraga “Enfoque, estimación e implicancias de la pobreza y la exclusión social en el PERÚ” 2013. FEP N°1.