Hemos vivido un período de incertidumbre regulatoria en la educación superior, como lo evidencian las estadísticas, que hablan por sí solas. A la luz de la afirmación de que la competencia sin restricciones es un factor crítico para mejorar la calidad de la educación, es imperativo que evaluemos las medidas que se pueden implementar para fortalecer el sistema universitario.

La respuesta potencial inicial es mejorar la universidad pública. Las universidades privadas experimentarán una disminución de la participación de mercado si la universidad pública mejora la calidad educativa, aumenta el reclutamiento de estudiantes, se adapta al aprendizaje virtual, tiene un mejor equipamiento y no pierde clases debido a huelgas, de acuerdo con los principios de competencia y mercado. En consecuencia, las universidades privadas se verán obligadas a elevar sus estándares para poder competir con las universidades públicas.

En 2020, aproximadamente 339.900 estudiantes de pregrado estaban matriculados en universidades públicas, según lo indica el Sistema de Información Universitaria del portal tuni.pe (2023). Sin embargo, para 2022, esta cifra había disminuido en un 2,4% a 331.500, y la tasa de terminación anticipada había aumentado del 4,7% al 4,3%.

Cuando intentamos interpretar las cifras originales, descubrimos que en 2020 había aproximadamente 339.900 estudiantes de pregrado matriculados en universidades públicas. Sin embargo, para 2022, esta cifra había disminuido un 2,4% hasta 331.500. Durante ese período, la matrícula de las universidades privadas aumentó un 41,5%, pasando de 676.100 a 956.900 estudiantes. El número total de estudiantes en las instituciones públicas del Perú es en realidad inferior al de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene 373.000 estudiantes, o 409.400 estudiantes en las tres universidades privadas con mayor cobertura estudiantil del país.

Es imperativo aumentar el número de puestos docentes a tiempo completo para aumentar la matrícula pública. Esto permitirá el reclutamiento de investigadores que actualmente son empleados exclusivamente por universidades privadas que están en rápida expansión. Esto se refiere a los resultados de investigación. Por ejemplo, en 2023, las instituciones privadas publicaron un 74% más de artículos en Scopus que las universidades públicas, a pesar de que las universidades públicas realizan la mayor parte de la investigación en la mayoría de los países.

El aumento del número de docentes públicos también afecta las políticas de las universidades locales, ya que aumenta el número de personas con derecho a voto, lo que a su vez aumenta la probabilidad de cambios generacionales y de gestión.

Las universidades públicas ofrecen programas que no están disponibles en otras facultades, como filosofía, bibliotecología y matemáticas, además de formación profesional. Realizan investigaciones más estrechamente asociadas con el medio ambiente, como la preservación del patrimonio cultural y la biodiversidad a través de museos.

Es más prudente establecer sucursales de universidades públicas existentes que construir nuevas en otros lugares para fortalecer el sistema universitario público. En caso de que los presupuestos se atomicen en las nuevas instituciones, se asigna una mayor cantidad de dinero al aparato administrativo, a pesar de que es imperativo asignar fondos al personal docente e investigador. Además de mejorar la capacidad administrativa de la universidad pública, también es necesario fortalecer su personal, pagar salarios competitivos a profesores e investigadores y aumentar el financiamiento para la investigación (el excepcional programa de doctorado de Concytec sirve como una base sólida).

Por lo tanto, la universidad pública se vería fortalecida por su dedicación a la competencia como fuente de calidad, que sería su regalo y legado más significativo, damas y caballeros del Congreso y del Ejecutivo.

Estrategias para un futuro próspero

Impulsar el financiamiento público: Priorizar las inversiones en infraestructura, tecnología, investigación y becas; asignar una mayor proporción del presupuesto nacional a la educación superior pública.

Mejorar la gestión financiera: Establecer mecanismos de transparencia y control para asegurar la utilización efectiva de los recursos disponibles.

Fomentar la colaboración público-privada: Desarrollar alianzas con organizaciones privadas y empresas para financiar conjuntamente iniciativas de innovación educativa, investigación y desarrollo.

Garantizar la igualdad de acceso e inclusión: Aumentar la disponibilidad de becas y ayuda socioeconómica: Asegurar que los alumnos de bajos ingresos, en particular los de áreas rurales o grupos minoritarios, tengan acceso a la educación superior pública.

Incorporar programas de instrucción y apoyo: Ofrecer asistencia académica y personal a los estudiantes que se encuentran en desventaja o tienen discapacidades cognitivas.

Fomentar una cultura de respeto y tolerancia hacia las diversas culturas, religiones, etnias y orientaciones sexuales con el fin de promover la diversidad y la inclusión.

Excelencia académica: Mejorar la formación docente: Ofrecer programas educativos que fomenten el crecimiento de los alumnos con discapacidades.