En Perú, la minería informal e ilícita representa un desafío significativo para la gobernanza, la sostenibilidad ambiental y la equidad económica del país. A pesar de haber sido creado como una medida transitoria para facilitar la legalización de los actores de la minería informal, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha sido objeto de fuertes críticas debido a su ineficacia y su susceptibilidad a la infiltración de operadores ilegales. En este documento, se presenta un análisis crítico de los aspectos estructurales que explican el fracaso del REINFO, junto con una propuesta para un marco alternativo de formalización basado en apoyo técnico, alianzas, financiamiento blando y control digital. Este informe concluye que el sistema actual debe reformarse de inmediato e inaplazable para garantizar que la minería sea legal, sostenible e inclusiva.

La intensificación de la minería informal e ilegal en Perú ha tenido efectos desastrosos en el sistema socioambiental del país. La proliferación de estos métodos, en particular en zonas como Madre de Dios, ha puesto de manifiesto las deficiencias estructurales de las autoridades estatales en materia de supervisión, control y promoción de la minería oficial. De conformidad con el Decreto Supremo N.° 001-2017-MINEM, se creó el Registro Regional de Empresas Mineras (REINFO) con la intención de servir como instrumento de registro provisional que facilitara la transición a la legalidad. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en una herramienta contaminada por intereses ilícitos y utilizada como salvoconducto para la minería ilegal (Defensoría del Pueblo, 2023).

En esta investigación se utilizó una metodología cualitativa basada en el análisis de perspectivas técnicas. Estas opiniones se comparan con informes de organismos gubernamentales, literatura académica y documentos de colaboración internacional. Los objetivos de este proyecto son la formulación de un plan regulatorio para abordar el problema de REINFO y la provisión de un marco interpretativo sobre los orígenes de la crisis.

Más de doce mil millones de dólares en ingresos anuales se generan a través de la minería ilícita en Perú, según estimaciones de fuentes independientes (Bebbington et al., 2022). Esto se logra sin el pago de impuestos ni el cumplimiento de estándares ambientales o laborales. La vigencia de REINFO, que actualmente alberga a más de 60,000 mineros, se ha visto socavada como resultado de este problema. Una proporción considerable de estos mineros aún no ha completado el proceso de formalización.

El contraste entre la minería informal, que puede legalizarse, y la minería ilegal, que se considera ilegal, es fundamental. Debido a la ausencia de una estrategia diferenciada, el sistema existente fomenta la impunidad de quienes participan en actividades ilícitas, a la vez que impide la transición legal de los pequeños productores que tienen la capacidad de formalizar sus operaciones mineras (Cremades et al., 2003).

Se han presentado numerosas críticas contra REINFO:

• Contaminación del registro: Esto incluye a titulares de registros fallecidos, inexistentes o que gestionan el registro de forma ilegal (Defensoría del Pueblo, 2023).
• La ​​supervisión ineficaz: es un problema porque los gobiernos regionales carecen de la capacidad para realizar tareas técnicas y operativas. Lamentablemente, no se ha implementado un sistema interoperable capaz de realizar monitoreo en tiempo real (OEFA, 2022).
• Prórrogas recurrentes: Falta voluntad política para solucionar el problema estructural, lo que se evidencia en la extensión del plazo de registro hasta 2025 (Congreso de la República, 2024).

Se propone sustituir el REINFO mediante una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Este marco normativo debería contemplar:

• Asistencia técnica continua: La prestación de apoyo técnico continuo para la creación de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) y el perfeccionamiento de los procedimientos operativos (GIZ, 2021).
• Financiamiento cooperativo y blando: Este tipo de financiamiento puede obtenerse a través de un fondo minero gubernamental o público-privado, lo que facilitará el acceso a la tecnología sostenible.
• Promover modelos de cooperación o alianzas: con empresas formales para asegurar el acceso al mercado (Swisscontact, 2022). Esto contribuirá al desarrollo de relaciones productivas.
• Impulsada por experiencias: como el procedimiento de certificación de «oro limpio» en Colombia o el modelo de «diamantes libres de conflicto» en África (OCDE, 2020), la adquisición responsable de oro limpio es un concepto inspirado en estas experiencias.
• Supervisión centralizada: Delegar responsabilidades relacionadas con la supervisión a entidades como OSINERGMIN, que utilizan tecnologías de vanguardia, como la vigilancia satelital y drones equipados con gafas de visión nocturna (MINEM, 2022).

Se recomienda:

1. Derogación progresiva del REINFO y creación de un nuevo registro transparente, interoperable y validado digitalmente.
2. Reingeniería institucional del proceso de fiscalización, fortaleciendo capacidades del Estado a nivel nacional.
3. Condicionar incentivos de mercado al cumplimiento de normas ambientales y de titulación.
4. Establecer cooperación diplomática internacional para frenar el contrabando de oro a destinos como Suiza, Emiratos Árabes o Brasil.
5. Integrar mecanismos de certificación y trazabilidad que permitan validar el origen legal del oro exportado.

En conclusión, se puede admitir que existe una estrategia minera fragmentada, sin visión geográfica ni sostenibilidad institucional, es la causa del colapso de REINFO. La persistente informalidad y permisividad hacia la minería ilegal preocupan la gobernanza, la seguridad ambiental y el desarrollo rural. Esta grave situación solo puede revertirse mediante la implementación de una reforma integral que incorpore tecnologías, leyes, incentivos de mercado y voluntad política. El «oro limpio» no es solo una fantasía; es también una posible hoja de ruta que podría implementarse si el Estado decide actuar con decisión.

Referencias

• Bebbington, A., Bebbington, D. H., Sauls, L. A., & Rogan, J. (2022). Extractive Industries and Socio-Environmental Conflicts in the Andes. Routledge.
• Congreso de la República del Perú. (2024). Proyecto de Ley N° 5235/2024-CR que prorroga el plazo de formalización minera. Lima.
• Cremades, R., Fernández, J., & Torres, K. (2023). Formalización minera y economía local en el Perú rural. Universidad del Pacífico Press.
• Defensoría del Pueblo. (2023). Informe sobre la situación del proceso de formalización minera en el Perú. Lima.
• GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). (2021). Fortalecimiento de capacidades para la minería responsable en Perú. Bonn.
• MINEM (Ministerio de Energía y Minas del Perú). (2022). Lineamientos para la supervisión remota de actividades mineras. Lima.
• OCDE (2020). Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas. Paris: OECD Publishing.
• OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental). (2022). Plan nacional de fiscalización ambiental minera 2022–2025. Lima.
• Swisscontact. (2022). Modelo de oro limpio y cadenas de valor inclusivas en Sudamérica. Lima: Swisscontact.