Introducción

Se ha señalado que para arruinar a un país basta con socavar su sistema educativo. Esta idea resume la importancia estratégica de la educación: es la base de la formación de ciudadanos críticos, fuerza laboral calificada y motor de progreso socioeconómico. Numerosos organismos internacionales y expertos coinciden en que una educación de calidad es uno de los instrumentos más poderosos para reducir la pobreza y la desigualdad, a la vez que sienta las bases del crecimiento económico sostenido. En contraste, negar recursos a la educación pública –ya sea mediante recortes presupuestales o una inversión insuficiente– equivale a crear “pobreza intelectual”, es decir, generaciones con limitado desarrollo de capacidades críticas, científicas y tecnológicas. En el presente artículo académico se investiga el grave peligro que representa la desinversión educativa para una nación, con énfasis en la situación actual del Perú y las proyecciones a futuro, sustentado en informes y fuentes categóricas. Se realizarán comparaciones sustantivas con otros países y se revisarán las evidencias de autores reconocidos sobre la relación entre educación y desarrollo, todo ello para demostrar por qué recortar los recursos educativos condena a un país al atraso y a la pobreza en sus diversas formas.

La educación como pilar del desarrollo nacional

Diversos marcos teóricos han consolidado a la educación como pilar fundamental del desarrollo humano y económico. La teoría del capital humano, propuesta por economistas como Theodore Schultz y Gary Becker, plantea que la educación es una inversión que incrementa la productividad y los ingresos de las personas. De hecho, estudios del Banco Mundial muestran que cada año adicional de escolaridad aumenta en promedio un 10% los ingresos individuales, un rendimiento más alto que muchas inversiones financieras tradicionales. Esto significa que una población mejor educada tiende a tener mayor poder adquisitivo y contribuir más activamente a la economía formal del país.

Los beneficios no son solo individuales, sino colectivos: una fuerza laboral con mayor nivel educativo impulsa la innovación, la adopción de tecnologías y la competitividad de la economía nacional. Por otro lado, la educación cumple una función social clave al romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Tal como señala un análisis del Banco Mundial, “la educación es verdaderamente uno de los instrumentos más poderosos para reducir la pobreza y la desigualdad”, preparando el terreno para un crecimiento sostenible. Una población con acceso a educación de calidad tiende a gozar de mejor salud, participar más en procesos democráticos y convivir en sociedades más estables. En suma, la evidencia empírica y teórica confirma que no hay desarrollo integral sin educación: los países que priorizan la inversión educativa suelen experimentar mayores niveles de prosperidad económica y cohesión social, mientras que aquellos que descuidan su educación arriesgan su futuro.

Inversión educativa en el Perú: situación actual

El Perú ha avanzado en la última década en ampliar su presupuesto educativo, pero sigue por debajo de los niveles recomendados internacionalmente. Organismos como la UNESCO sugieren destinar alrededor del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación; incluso la Constitución peruana fue modificada en 2020 para exigir un mínimo del 6% del PBI para este sector. Sin embargo, en la práctica esta meta no se ha alcanzado. El presupuesto público educativo peruano ha crecido en términos absolutos, pero representó solo 4.6% del PBI en 2024 y se proyecta alrededor de 5.1% del PBI en 2025, aún por debajo del promedio regional (~5.3% del PBI) y distante del objetivo del 6%. Si bien el gobierno anunció como un hito el superar por primera vez el 5% del PBI en 2025, la realidad es que la inversión educativa peruana permanece rezagada respecto a países vecinos. Por ejemplo, naciones como Costa Rica han llegado a invertir cerca del 7% de su PBI en educación en años recientes, reflejando un mayor compromiso relativo con la formación de su población.

Esta limitada inversión tiene consecuencias palpables en diversos ámbitos del sistema educativo peruano. En cuanto a remuneraciones, los docentes peruanos históricamente han percibido sueldos bajos en comparación con otros profesionales y con sus pares de la región. A pesar de incrementos graduales (el sueldo base docente subió a S/2,000 mensuales en 2018), el 67% del profesorado público aún se encuentra en la primera escala magisterial con un salario bruto de aproximadamente S/3,100 (alrededor de USD $800), que neto queda en S/2,600. Esta remuneración, considerada baja por el gremio, ha motivado constantes huelgas y reclamos para aumentar el presupuesto educativo destinado a mejorar salarios. De hecho, en 2023 los docentes realizaron una huelga nacional de varias semanas exigiendo aumentos prometidos para 2024-2026, pues sienten que “es una gran mentira que la educación esté en ascenso” cuando sus condiciones no mejoran (Castro, 2024, citado en). Un magisterio mal pagado impacta negativamente la calidad educativa: dificulta atraer y retener talento en la carrera docente y merma la motivación, afectando la enseñanza y el aprendizaje en las aulas.

Otro indicador crítico es la infraestructura educativa. Décadas de desinversión han generado una enorme brecha en infraestructura escolar en el Perú. Según datos oficiales del Ministerio de Educación, a diciembre de 2024 la infraestructura educativa presentaba un déficit acumulado de S/ 158,832 millones – monto requerido para construir, reparar y equipar adecuadamente todos los colegios del país. Este déficit se refleja en la precariedad de muchos locales escolares: 16.2% de las escuelas públicas peruanas están en estado de deterioro extremo, prácticamente al borde del colapso estructural. Regiones como Lima (27.3% de colegios en condiciones críticas), Puno (24.3%) y Cusco (20.1%) encabezan la lista de infraestructura educativa en riesgo. Esta situación implica miles de estudiantes asistiendo a clases en locales inseguros, sin servicios básicos adecuados o con mobiliario y equipamiento obsoleto. Pese a que en 2023-2024 se asignó presupuesto para mejora de infraestructura (S/1,429 millones en 2024), su ejecución completa enfrentó trabas burocráticas y una capacidad limitada de gasto a nivel descentralizado. En suma, la calidad de muchos entornos de aprendizaje en el Perú es deficiente, lo cual incide negativamente en el desempeño académico y la motivación de los alumnos. Estudios del Banco Mundial han señalado que instalaciones escolares inadecuadas aumentan la deserción y dificultan el aprendizaje, perpetuando las brechas educativas.

Un colegio público en el Perú en proceso de reconstrucción. La infraestructura escolar deficiente es una secuela de la inversión educativa insuficiente, con 16% de escuelas en estado crítico de deterioro (Comex Perú, 2025).

Cabe mencionar que el Perú ha realizado algunas apuestas innovadoras en educación (como la Jornada Escolar Completa en secundaria, colegios de alto rendimiento, programas de soporte pedagógico, etc.), pero la escalabilidad y sostenibilidad de estas iniciativas dependen de contar con los recursos necesarios. Cuando el financiamiento es limitado, programas importantes pueden verse recortados o no implementados a gran escala. De igual modo, la expansión de la cobertura educativa en zonas rurales y la mejora de la educación intercultural bilingüe requieren asignaciones adicionales que muchas veces compiten con otras prioridades en un presupuesto austero. Todos estos factores configuran un panorama actual en el que, si bien la educación es formalmente la función con mayor asignación del presupuesto público (aprox. 17-20% del gasto público total), dicha inversión sigue siendo insuficiente en relación con las necesidades reales y con los estándares internacionales. La situación proyectada indica que, de no incrementarse sustancialmente los recursos, el Perú difícilmente podrá cerrar sus brechas educativas en el corto o mediano plazo, comprometiendo su desarrollo futuro.

Consecuencias de la insuficiente inversión educativa

Las implicaciones de mantener recursos económicos limitados para la educación son profundas y multifacéticas, constituyendo un grave peligro para el desarrollo nacional. A continuación, se analizan las principales consecuencias de la desinversión educativa:

Estancamiento económico y pobreza persistente: Una educación de baja calidad frena el crecimiento económico a largo plazo. Cuando gran parte de la población no desarrolla habilidades productivas por falta de una educación adecuada, se reduce el capital humano del país y su capacidad de innovar y generar riqueza. Estudios comparativos indican una correlación positiva entre inversión educativa y crecimiento económico sostenido. Por el contrario, países con bajos niveles educativos tienden a quedar atrapados en ingresos medios o bajos. En el Perú, la insuficiente calidad educativa se traduce en baja productividad laboral y limita la competitividad en un mundo cada vez más basado en el conocimiento. Además, la educación es clave para romper el ciclo de la pobreza: sin ella, las desigualdades se perpetúan. Como advierte el Banco Mundial, más del 50% de los niños latinoamericanos de 10 años no comprenden un texto simple, situación denominada “pobreza de aprendizajes”. En el Perú este indicador alcanza al 56% de niños de diez años, una de las cifras más altas, la cual se agravó tras la pandemia. Estos niños, privados de las competencias básicas de lectoescritura, verán muy limitadas sus oportunidades futuras de empleo y bienestar, lo que “impactará en la disminución del capital humano y frenará las perspectivas de crecimiento del país” (Mendoza, 2022). En resumen, recortar fondos educativos es condenar a una parte de la población a la pobreza, al no dotarla de las herramientas necesarias para mejorar sus condiciones de vida.

Deterioro de la calidad educativa y resultados deficientes: La falta de inversión afecta directamente la calidad de la enseñanza. Menores presupuestos implican menos materiales educativos, aulas sobrepobladas, docentes mal remunerados y escasa formación continua para ellos. Todo ello redunda en aprendizajes insuficientes. Los resultados de evaluaciones internacionales lo reflejan: el Perú ha ocupado lugares rezagados en pruebas de rendimiento estudiantil (por ejemplo, en el Programa PISA para jóvenes de 15 años), evidenciando carencias en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Si bien estas deficiencias tienen múltiples causas, la escasez de recursos agrava la situación al impedir mejoras curriculares, adquisición de tecnología educativa, capacitación docente masiva, etc. En contraste, países que han invertido decididamente en educación han logrado mejoras notables en rendimiento académico. Un ejemplo paradigmático es Finlandia, que tras una reforma profunda con fuerte inversión en capacitación docente e infraestructura en las décadas pasadas, se ubicó entre los primeros lugares de desempeño educativo a nivel mundial. Sin recursos suficientes, será muy difícil para el Perú elevar sustancialmente la calidad de su educación, por más buenas intenciones de reforma que existan.

Infraestructura precaria y riesgos para la seguridad: Como se describió, el enorme déficit en infraestructura educativa significa que cientos de miles de estudiantes asisten a escuelas con salones en mal estado, sin laboratorios, bibliotecas ni acceso a tecnologías modernas. Muchas escuelas rurales carecen de servicios básicos (agua potable, electricidad, internet) debido a la falta de inversión en acondicionamiento. Esta realidad no solo afecta el aprendizaje (un alumno que estudia en ambientes hacinados o inseguros aprende menos), sino que representa un riesgo físico. Tragicamente, ha habido casos de techos que colapsan, instalaciones eléctricas deficientes que causan accidentes, o niños que deben realizar largas caminatas porque no hay suficientes escuelas cercanas. La deserción escolar en zonas pobres a menudo se vincula a que las escuelas no ofrecen un entorno mínimamente adecuado o atractivo para los estudiantes. Según el Banco Mundial, las instalaciones escolares de calidad no son un lujo sino una necesidad, pues contribuyen a disminuir la deserción y elevan el desempeño de los alumnos al proveer entornos seguros y propicios para el aprendizaje. Por ende, condicionar la educación al atraso en infraestructura es hipotecar el futuro de los niños, especialmente de los más vulnerables.

Freno a la ciencia, la innovación y el desarrollo de talento especializado: Una consecuencia quizá menos visible inmediatamente, pero sumamente grave a largo plazo, es el impacto en la capacitación científica y técnica de la nación. La frase “implantación de laboratorios especializados y creación de innovaciones” en la premisa de este trabajo apunta precisamente a la importancia de contar con centros educativos –escolares y superiores– dotados de laboratorios, talleres y recursos modernos donde se cultiven las ciencias, las ingenierías, las artes y todo campo del saber. Lamentablemente, el Perú invierte muy poco en investigación y desarrollo (I+D). Actualmente destina apenas 0.12% de su PBI a I+D, cifra extraordinariamente baja incluso en comparación con otros países latinoamericanos (Colombia invierte ~0.3%, Chile ~0.4%, Brasil ~1.2% del PBI). Este nivel de inversión coloca al Perú en desventaja para generar conocimiento propio e innovaciones tecnológicas. Según el exministro de Educación Daniel Alfaro, un 0.12% del PBI es insuficiente para lograr un impacto significativo en el sector de ciencia y tecnología del país. La escasez de financiamiento se refleja en laboratorios universitarios obsoletos, escasa investigación publicada internacionalmente, fuga de cerebros (talentos científicos que migran por falta de oportunidades) y dependencia de tecnología extranjera. En palabras de especialistas, el Perú carece de un entorno favorable para la innovación. Sin un aumento sustancial de la inversión en educación superior, ciencia y tecnología, el país seguirá relegado en la llamada “economía del conocimiento”. Esto compromete seriamente la competitividad futura y la capacidad de responder a desafíos como la industrialización, la adaptación al cambio climático o la transformación digital. En suma, una nación que no invierte en desarrollar el talento de sus jóvenes científicos, ingenieros, médicos, docentes, artistas y demás profesionales, es una nación que renuncia a su potencial de progreso autónomo. La desinversión educativa, entonces, priva al Perú de los innovadores y líderes que necesita para alcanzar un desarrollo pleno.

Debilitamiento de la ciudadanía y riesgo para la democracia: Más allá de los indicadores económicos, la educación forma ciudadanos. Una persona con criterio y pensamiento crítico –habilidades que se cultivan con una educación de calidad– difícilmente será manipulada con desinformación y podrá participar activamente en la vida cívica. Por el contrario, la pobreza intelectual a la que conduce la mala educación crea poblaciones vulnerables a la demagogia, el autoritarismo y el conformismo. Cuando un sistema educativo no enseña a pensar, analizar y cuestionar, es más fácil que prosperen discursos de odio, noticias falsas y que se erosione la confianza en las instituciones. La historia muestra que los regímenes totalitarios suelen comenzar controlando o destruyendo el sistema educativo, precisamente para impedir la formación de espíritus libres. Por ello, recortar recursos educativos también tiene implicaciones políticas: puede socavar los valores democráticos y la cohesión social. Un ejemplo local es que la falta de educación de calidad contribuye a la exclusión social –grupos marginados que no acceden a buenos colegios luego tampoco acceden a buenos empleos– y esto a su vez alimenta conflictos y desconfianza en el Estado. La educación, cuando es efectiva, inculca valores de convivencia, respeto a la ley, derechos humanos y participación comunitaria. Negarle fondos suficientes implica renunciar en parte a formar ciudadanos plenos, y en cambio arriesgarse a tener “gente que no piensa, gente dominada por la necesidad y el atraso”, como dice la premisa. En síntesis, la desinversión educativa erosiona el tejido social y puede, en casos extremos, llevar a un colapso de la institucionalidad democrática en la nación.

Comparaciones internacionales y lecciones aprendidas

Para dimensionar mejor el impacto de la inversión (o falta de ella) en educación, es útil comparar la experiencia peruana con la de otros países. América Latina en general aumentó su gasto educativo en las últimas décadas, pero con resultados dispares. Países como Chile, Uruguay y Costa Rica han logrado combinar inversión sostenida con reformas educativas, obteniendo mejoras en indicadores de calidad. Por ejemplo, Costa Rica consagró constitucionalmente un piso del 8% del PBI para educación y, aunque dificultades fiscales recientes han ajustado esta cifra, tradicionalmente ha sostenido un gasto cercano o superior al 6% del PBI en educación pública. Esto se refleja en una tasa de alfabetización de casi 98% y en un ecosistema de innovación creciente para su tamaño económico. Uruguay, por su parte, remunera muy bien a sus docentes (un maestro de escuela con algunas décadas de experiencia puede ganar más de USD $1,400 mensuales, muy por encima del promedio peruano), lo cual ha contribuido a profesionalizar la carrera docente y mantener altos niveles de cobertura educativa. En contraste, países que invierten menos en educación tienden a quedar rezagados. Guatemala y Honduras, por ejemplo, tienen un gasto educativo en torno al 3-4% del PBI y enfrentan grandes desafíos de analfabetismo y baja escolaridad, con consecuentes altos niveles de pobreza. Estas comparaciones sugieren que el dinero no lo es todo pero sí importa: acompañado de buenas políticas, un mayor financiamiento escolar rinde frutos en el mediano plazo.

Fuera de la región, la evidencia es aún más contundente. Países asiáticos que hace 50 años tenían ingresos per cápita similares o inferiores a los del Perú –tal es el caso de Corea del Sur o Singapur– emprendieron sendas estrategias de desarrollo basadas en educación masiva y de calidad, invirtiendo grandes proporciones de sus recursos en escuelas, universidades y becas de posgrado. Corea del Sur pasó de invertir apenas 2.5% de su PBI en educación en 1970 a alrededor de 5% en los años 2000, complementado con un involucramiento fuerte de las familias en la educación de sus hijos. Los resultados están a la vista: en dos generaciones, Corea se transformó en una economía industrial y líder en innovación, con alumnos que consistentemente se ubican entre los primeros en evaluaciones globales. Singapur, por su lado, destinó recursos no solo a la educación básica sino también a la educación técnica y la formación docente, asegurando que sus maestros sean de los mejores calificados y pagados. Este país hoy ostenta uno de los sistemas educativos más efectivos del mundo y un ingreso per cápita altísimo. La lección de estos casos es clara: invertir en educación rinde los mayores dividendos en términos de desarrollo nacional, aunque esos dividendos se vean a largo plazo. El Perú puede y debe aprender de estas experiencias exitosas, adaptándolas a su realidad.

Asimismo, cabe resaltar el caso de países que descuidaron su educación y sufrieron las consecuencias. Por ejemplo, varias naciones africanas poscoloniales inicialmente no priorizaron la educación masiva, lo que derivó en décadas perdidas de crecimiento económico y continuas crisis sociales. Solo tras invertir en alfabetización y escuelas comenzaron a estabilizarse y a mejorar indicadores de salud, productividad y gobernabilidad. En Latinoamérica, Venezuela en la última década vio un deterioro marcado de su sistema educativo por la crisis económica: muchos docentes abandonaron la profesión por sueldos de miseria, las escuelas carecen de mantenimiento y materiales, y ello ha contribuido a la migración masiva de talento joven y a índices crecientes de pobreza. Esto refuerza la tesis de que destruir la educación equivale a destruir el porvenir de una nación.

En conclusión de esta sección comparativa, el consenso de la experiencia internacional es que la educación paga. Los países que hoy lideran en desarrollo humano y económico son aquellos que invirtieron constante e inteligentemente en educar a su gente. No hacerlo es quedar rezagado en un mundo globalizado. El Perú, con sus particularidades, enfrenta el mismo dilema y no es la excepción a esta regla.

Conclusiones

Negar recursos económicos a la educación, o condicionarlos de tal forma que perpetúen el atraso y la precariedad, representa un grave peligro para cualquier nación. A lo largo de este análisis hemos constatado con evidencia empírica y comparaciones concretas cómo la desinversión educativa socava las bases del desarrollo en múltiples dimensiones. En el plano económico, limita el crecimiento y mantiene a amplios sectores en la pobreza por falta de capacidades productivas. En el plano social, deteriora la calidad de vida, aumenta la desigualdad y priva a las nuevas generaciones de oportunidades de progreso. En el plano humano y cívico, cercena el pensamiento crítico y la creatividad, elementos esenciales para la innovación y para una ciudadanía plena en democracia.

En el caso del Perú, si bien ha habido avances modestos en ampliar el presupuesto educativo, la inversión actual sigue siendo insuficiente para cerrar las enormes brechas existentes. El riesgo futuro es que el país no logre el salto de desarrollo que busca para las próximas décadas si no prioriza decididamente la educación. Por ejemplo, el Proyecto Educativo Nacional al 2036 plantea ambiciosas metas de aprendizaje y equidad, pero su cumplimiento requerirá un financiamiento creciente y sostenido, cercano al 6% del PBI o más. De no alcanzarse dichos niveles, muchas de las iniciativas quedarán en el papel. La proyección es clara: un Perú que escatima en educación estará condenado a menores tasas de crecimiento, a innovar poco, a sufrir continuas tensiones sociales por inequidad, y a depender siempre de conocimientos foráneos.

Por el contrario, invertir en educación es apostar por el futuro. Cada sol adicional bien invertido en escuelas, docentes y estudiantes redundará en un Perú más próspero y justo en los años venideros. Esto implica asegurar mejores salarios y formación para los maestros, construir y modernizar la infraestructura escolar (priorizando las zonas más olvidadas), proveer materiales y tecnología educativa de calidad, e impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación desde las universidades y centros de investigación. Implica, en suma, concebir el gasto educativo no como un egreso sino como la inversión más rentable y estratégica que un país puede hacer.

En palabras del propio Banco Mundial, “comencemos a invertir más en [educación]”, pues es la vía para reducir la pobreza, mejorar la igualdad de oportunidades y cimentar un crecimiento robusto. En última instancia, una población educada es una población libre: con criterio para tomar decisiones informadas, con habilidades para labrar su propio destino y con la creatividad para resolver los desafíos del desarrollo. Destruir la educación pública –sea por acción u omisión, por recortes o negligencia– sería destruir esas posibilidades de futuro. Por ello, proteger e incrementar los recursos para la educación no es solo una política deseable, es una necesidad imperante y una responsabilidad histórica con las nuevas generaciones. Solo así el Perú (o cualquier nación) podrá aspirar a un desarrollo pleno, con ciudadanos que piensen por sí mismos y contribuyan a un país verdaderamente libre y próspero.

Referencias

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