La economía informal constituye un fenómeno estructural que revela las contradicciones del capitalismo periférico y la debilidad institucional de los Estados latinoamericanos. Más que un problema de evasión o desorden productivo, la informalidad es la respuesta racional de millones de agentes económicos a un entorno institucional excluyente, ineficiente y desigual. Este artículo analiza la economía informal como síntoma de la falta de articulación entre el Estado, el mercado y la sociedad, proponiendo un enfoque de transformación institucional profunda como condición necesaria para su reducción sostenible.
La economía informal ha sido históricamente tratada como un problema de incumplimiento legal o fiscal, pero en realidad constituye una manifestación funcional del subdesarrollo estructural (Tokman, 2019). En países como el Perú, donde más del 70 % de la fuerza laboral se desempeña fuera de la formalidad (INEI, 2024), la informalidad no es una excepción, sino la norma que rige la vida económica. Esta persistencia evidencia que el marco institucional no se adapta a la realidad social ni a la estructura productiva existente (North, 1993).
Frente a la visión tradicional que asocia la formalización con la simplificación administrativa o los incentivos tributarios, se propone aquí un análisis desde la economía institucional y la economía política del desarrollo, que interpreta la informalidad como una estrategia de supervivencia racional ante la falta de confianza, la desigualdad y el déficit de Estado.
La informalidad como construcción institucional
Douglass North (1993) sostuvo que las instituciones son las reglas del juego que estructuran la interacción humana. Cuando estas reglas son ineficientes, los actores económicos optan por crear sus propias normas informales. En América Latina, la informalidad no surge del caos, sino de la racionalidad adaptativa frente a un Estado ausente o extractivo (Acemoglu & Robinson, 2012).
Así, la informalidad no es una patología, sino una forma alternativa de institucionalidad: mercados paralelos que funcionan sin Estado, pero con reglas propias. De hecho, muchas actividades informales —desde el comercio ambulatorio hasta la producción artesanal— configuran verdaderas microeconomías con redes de confianza, crédito y reciprocidad que el Estado ignora o criminaliza (Portes & Haller, 2005).
La economía informal, por tanto, no es el resultado de la ignorancia o la desobediencia, sino de la racionalidad frente a la exclusión institucional. Como plantea De Soto (1986), aunque desde una perspectiva neoliberal limitada, los agentes informales crean orden donde el Estado ha fracasado. Sin embargo, esa lógica espontánea no puede sustituir indefinidamente al sistema formal sin deteriorar la productividad, la protección social y la equidad.
Dimensión económica y social de la informalidad
La economía informal representa simultáneamente flexibilidad y precariedad. En términos de empleo, ofrece refugio a la mayoría de los trabajadores excluidos del sector formal, pero al costo de bajos ingresos, inestabilidad y ausencia de derechos laborales (ILO, 2022). Desde la perspectiva macroeconómica, la informalidad genera una dualidad estructural: mientras sostiene el consumo interno y la demanda agregada, limita la recaudación tributaria y la productividad total de factores (Loayza, 2016).
En países andinos como Perú o Bolivia, la informalidad está profundamente enraizada en la cultura económica popular, heredera de las economías de reciprocidad y subsistencia del mundo andino. Este rasgo sociocultural explica la resiliencia de las redes informales frente a las crisis, pero también su resistencia a ser absorbidas por la economía formal (Yamada, 2020).
Fallas del paradigma formalizador
Las políticas de formalización emprendidas en las últimas décadas se han concentrado en la simplificación tributaria, la digitalización y la reducción de trámites, pero han ignorado los costos sociales y simbólicos de formalizarse. La formalidad no solo implica cumplir leyes, sino someterse a una estructura de poder que no garantiza reciprocidad ni protección (Maldonado, 2021).
El problema radica en que los Estados latinoamericanos no ofrecen valor a cambio del cumplimiento. La seguridad jurídica, la infraestructura y los servicios básicos siguen siendo privilegios urbanos y de élite. Por ello, la informalidad no es un acto de rebeldía, sino de desconfianza. Formalizar en un entorno corrupto, ineficiente y burocrático equivale a entrar a un juego donde las reglas benefician a pocos (Pritchett, 2015).
Hacia una reforma institucional profunda
Erradicar la informalidad requiere transformar las instituciones, no a las personas. Ello implica rediseñar el contrato social entre el Estado y los ciudadanos económicos. Se necesita un Estado que regule sin asfixiar, que incentive sin cooptar y que proteja sin excluir.
En términos concretos, la transición hacia una economía más formal requiere tres pilares:
Institucionalidad inclusiva: que reconozca las formas de producción populares y las integre a cadenas de valor mediante innovación y capacitación tecnológica.
Sistema fiscal equitativo: que reduzca la carga sobre micro emprendedores e incentive la formalización progresiva.
Protección social universal: desvinculada del empleo formal, de modo que el acceso a salud y pensiones no dependa del tipo de contrato.
Solo una reforma institucional profunda, orientada a la confianza, la equidad y la corresponsabilidad, permitirá que la formalidad sea percibida como un bien colectivo y no como un privilegio de pocos (Chang, 2010).
Conclusión
La economía informal no desaparecerá con campañas ni con fiscalizaciones, porque no es un delito, sino una adaptación. Es el reflejo del vacío institucional, del divorcio entre la economía real y el Estado. Formalizar no es imponer, sino reconstruir las bases del contrato social.
El verdadero desafío del siglo XXI para el Perú y América Latina no es formalizar la pobreza, sino institucionalizar la justicia. Solo así la economía dejará de ser un territorio fragmentado entre lo visible y lo oculto, entre lo permitido y lo necesario.
Referencias
Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Crown Business.
Chang, H. J. (2010). Institutions and Economic Development: Theory, Policy and History. Journal of Institutional Economics, 7(4), 473–498.
De Soto, H. (1986). El otro sendero. Lima: Instituto Libertad y Democracia.
International Labour Organization (ILO). (2022). Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture. Ginebra.
INEI. (2024). Encuesta Nacional de Hogares sobre Empleo e Informalidad 2024. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Loayza, N. (2016). Informality in the Process of Development and Growth. World Bank Policy Research Working Paper.
Maldonado, C. (2021). La trampa de la formalización. CEPAL, Serie Políticas Sociales.
North, D. (1993). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
Portes, A., & Haller, W. (2005). The Informal Economy. In N. Smelser & R. Swedberg (Eds.), The Handbook of Economic Sociology (pp. 403–425). Princeton University Press.
Pritchett, L. (2015). The State, the Informal Economy, and the Quest for Development. Harvard Kennedy School.
Tokman, V. (2019). La informalidad en América Latina: Retos y oportunidades. Santiago: CEPAL.
Yamada, G. (2020). Informalidad y productividad en el Perú: diagnóstico y políticas. Universidad del Pacífico.