Econ. Francisco Valdemar Chávez Alvarrán

            Una ley debería ordenar. Esta, sin embargo, puede abrir grietas. La Ley N.º 32498 autoriza a las universidades públicas a modificar su presupuesto para financiar “gastos de gestión y operatividad”. A simple vista suena razonable. Pero debe leerse con lupa, especialmente considerando un hecho crucial que no figura en los titulares, pero sí en el trasfondo: cada universidad pública del país sufrió una merma presupuestal cercana a los 30 millones de soles antes de esta ley, debilitando la base económica sobre la cual se pretende reorganizar todo.

Y hay un detalle que revela el verdadero espíritu de la norma. El texto indica de forma explícita:

            “El financiamiento de lo dispuesto en la presente disposición se efectúa con cargo al presupuesto institucional de las universidades públicas, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.”

            Es decir, la ley autoriza un movimiento contable… pero NO entrega un sol más. Se puede mover el dinero —pero no aumentarlo. Y en un escenario donde ya hubo una poda de 30 millones por universidad, esta norma no aparece como un acto de apoyo, sino como una fórmula para administrar el daño.

            Se diría que esta ley no busca fortalecer capacidades, sino controlar la forma en que se manejan los recursos que quedaron. Su vaguedad resulta inquietante: “gastos necesarios”, “operatividad institucional”, “reasignación presupuestal”. Sin parámetros claros, podría servir para justificar urgencias… o para disfrazar decisiones discretas. La ley no incluye indicadores de mejora académica, criterios de calidad, impacto educativo ni estándares técnicos de rendimiento. Autoriza mover, pero no exige demostrar.

            Y en gestión pública, cuando se administra la escasez sin supervisión rigurosa, el riesgo no es solo económico: se vuelve estructural.

            Las universidades necesitan investigación, innovación y comunidad académica, no solo contabilidad flexible. Pero con una ley así —y con 30 millones menos por institución— el peligro es evidente: la educación pública podría terminar gestionando su propio debilitamiento, reordenando presupuestos sin horizonte académico claro, como un barco que se reubica sin mapa.

            Si primero se recortan 30 millones y luego se autoriza a “reacomodar lo que queda», no estamos ante una política universitaria de fortalecimiento, sino ante una forma elegante de administrar la crisis sin asumirla.