Econ. Francisco Valdemar Chávez Alvarrán

            Podría pensarse que el derecho a la salud en Cajamarca se ha convertido en una carrera de obstáculos invisible. Se diría que quien tiene dinero puede acceder a tratamiento, y quien no lo tiene queda supeditado a la suerte. Este contraste genera angustia, silencios y desigualdades que no deberían formar parte del trato entre el Estado y su población. Si el acceso a medicinas y diagnósticos depende más de la billetera que del derecho, entonces la verdadera enfermedad no está solo en los pacientes: está en el sistema.

            Los hospitales, postas y centros de salud hacen lo que pueden con los recursos limitados que reciben. Pero muchas veces la gestión resulta insuficiente. Se presume que el problema no es solo la falta de médicos o enfermeros, sino la carencia de un sistema de gestión eficiente que proteja la vida por encima de la burocracia. Si existiera una plataforma de abastecimiento transparente, si los medicamentos prescritos se entregaran completos y si los pacientes no tuvieran que peregrinar entre ventanillas para ser atendidos, la salud pública podría recobrar su credibilidad.

            Se observa algo aún más delicado: muchas familias se endeudan para comprar medicinas que el Estado debería proporcionar. Se venden bienes, se suspenden estudios, se posponen proyectos de vida. Si la salud se convierte en gasto imprevisto y no en derecho garantizado, podría consolidarse una cultura de la desesperación. Cuando el acceso a la salud se privatiza de forma silenciosa, la sociedad entera corre riesgo de fractura ética.

            Sin embargo, existen caminos posibles. Cajamarca podría liderar un modelo de redes interconectadas de salud con telemedicina para zonas rurales, farmacia digitalizada, brigadas móviles de diagnóstico y convenios con universidades para investigación clínica. Si se integraran datos epidemiológicos con inteligencia artificial, se podrían anticipar brotes y prevenir enfermedades. Si las municipalidades asumieran un rol activo en la salud preventiva, surgiría un escudo social descentralizado que aliviaría la presión hospitalaria.

            Podría afirmarse que la salud no debe ser vista como gasto, sino como inversión. Si Cajamarca decidiera abordar la salud como estrategia territorial de futuro, podría mostrarle al país que el derecho no se exige: se construye desde la gestión.

            Porque cuando la vida depende del bolsillo, el diagnóstico no es médico: es institucional.