La historia de los derechos humanos está atravesada por luchas progresivas hacia el reconocimiento de la dignidad humana en toda su diversidad. La defensa del orgullo gay —más que una celebración superficial— constituye una respuesta histórica, ética y política frente a siglos de violencia, marginación y patologización de las diversidades sexuales. En este contexto, los embates de ciertos grupos que se autodenominan “pro-familia” o “pro-vida” no sólo resultan anacrónicos, sino contraproducentes en la construcción de una sociedad libre, plural y democrática. El presente artículo explora los fundamentos éticos y jurídicos del orgullo gay como afirmación de la dignidad humana, analiza los riesgos del conservadurismo radical disfrazado de moral pública, y evidencia cómo tales ataques terminan debilitando los valores que dicen proteger.

I. El Orgullo Gay: Dignidad, Memoria y Resistencia

La noción de orgullo en el contexto LGBTQ+ no alude a una vanagloria narcisista, sino a la reparación simbólica de una identidad históricamente negada. Es el reverso de la vergüenza impuesta socialmente. Según Judith Butler (2004), “la performatividad del género está vinculada a los dispositivos de exclusión que rigen lo que puede considerarse inteligible o digno de ser vivido”. El orgullo, entonces, constituye un acto performativo de resistencia frente a las normas hegemónicas que han definido lo “normal” y lo “patológico”.

Desde las revueltas de Stonewall en 1969, el orgullo ha sido una praxis de memoria colectiva. Aquella noche, hombres trans, drag queens, lesbianas y personas racializadas se levantaron contra el acoso policial. Michael Warner (1999) sostiene que el movimiento queer emerge como una crítica radical al régimen de normalidad sexual impuesto por el Estado y la Iglesia, reivindicando no solo derechos, sino otras formas de ser, amar y convivir.

Más allá de lo simbólico, el orgullo gay es también una plataforma de exigibilidad de derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-24/17, estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por el principio de igualdad y no discriminación, y que los Estados tienen la obligación positiva de reconocer y proteger jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo.

II. La Persona Humana como Fundamento del Orden Jurídico

La defensa del orgullo gay no es solo una causa identitaria, sino una exigencia derivada del respeto a la persona humana, núcleo del pensamiento ético y jurídico occidental. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) proclama en su artículo 1 que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Esta cláusula universalizante exige que ninguna condición —sea raza, religión, orientación sexual o identidad de género— justifique la negación de derechos fundamentales.

Norberto Bobbio (1991) advirtió que la historia de los derechos humanos es una historia de expansión, no de reducción: “Los derechos del hombre no nacen todos de una vez ni de una vez para siempre”. La ampliación del campo de los sujetos de derecho —como el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQ+— constituye un signo de madurez jurídica, no una amenaza a los valores.

Amartya Sen (1999), al hablar de la libertad como desarrollo, afirma que la dignidad de la persona implica no sólo estar libre de coerción, sino también tener las capacidades reales para vivir una vida que se valora. La criminalización, estigmatización o exclusión de la diversidad sexual limita esas capacidades, atentando contra la justicia social.

III. El Conservadurismo como Efecto Reaccionario

La narrativa de los llamados grupos “pro-familia” o “pro-valores” suele utilizarse como una plataforma de resistencia contra los avances en derechos sexuales y reproductivos. Estas agrupaciones, muchas veces de corte religioso, denuncian la “ideología de género” como una amenaza al orden social. Sin embargo, como sostiene Martha Nussbaum (2010), la objeción moral no puede justificar la negación de derechos civiles: “La repulsión no es una base fiable para la ley. Lo que repugna no siempre es lo injusto”.

Los efectos sociales de este conservadurismo militante suelen ser profundamente regresivos: se alimenta el odio, se normaliza la violencia y se obstaculiza la convivencia democrática. Estudios empíricos (Katz-Wise & Hyde, 2012) demuestran que los discursos anti-LGBTQ+ están correlacionados con mayores tasas de suicidio juvenil, exclusión educativa y precarización laboral.

Además, los ataques sistemáticos a las marchas del orgullo, a la educación sexual integral o a los derechos trans, terminan debilitando el principio de laicidad, pluralismo y respeto al disenso que sustentan las democracias modernas. Como advierte Axel Honneth (2007), el reconocimiento no es una cuestión secundaria, sino la base misma de la justicia social: “Sin reconocimiento, no hay autoestima; sin autoestima, no hay agencia”.

IV. El Efecto Búmeran: Cuando el Ataque Se Vuelve Contra el Atacante

Paradójicamente, los intentos por frenar el avance de derechos mediante campañas de miedo y manipulación terminan siendo contraproducentes. La represión suele generar mayor visibilidad, solidaridad y organización. En América Latina, varios países han legalizado el matrimonio igualitario tras intensos debates polarizados que —aunque conflictivos— impulsaron una pedagogía pública sobre derechos humanos.

Asimismo, el desprestigio de los grupos conservadores entre la juventud se acelera. Estudios del Latinobarómetro (2023) muestran un crecimiento sostenido del apoyo a los derechos LGBTQ+ en todos los grupos etarios, pero especialmente entre jóvenes de 18 a 35 años. La percepción de los ataques como discursos de odio erosiona la legitimidad de quienes los promueven.

Como lo demuestra el caso peruano, los discursos “anti-género” promovidos desde ciertos sectores religiosos han chocado con sentencias judiciales que garantizan la igualdad ante la ley. En 2023, el Poder Judicial ordenó incluir a las personas trans en los padrones del Seguro Integral de Salud (SIS), reconociendo su derecho a la identidad como eje de inclusión social (EXP. N° 02586-2022-0-1801-JR-CI-01).

V. Hacia una Ética del Reconocimiento y el Cuidado

Lo que está en juego no es una agenda moral impuesta, sino la posibilidad de construir una comunidad política en la que todas las personas —sin importar su orientación sexual— puedan ejercer sus derechos plenamente. El orgullo gay es un recordatorio de que nadie debe vivir en la sombra del miedo o la vergüenza por ser quien es.

Como propone Enrique Dussel (2007), la ética de la liberación exige colocar al otro en el centro: “Toda ética comienza con la responsabilidad ante el rostro del otro sufriente”. La causa LGBTQ+ no es la agenda de una minoría ruidosa, sino la expresión de una humanidad plural que exige ser reconocida, respetada y abrazada.

Referencias

Bobbio, N. (1991). El tiempo de los derechos. Madrid: Sistema.

Butler, J. (2004). Deshacer el género. Barcelona: Paidós.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Opinión Consultiva OC-24/17. San José: CIDH.

Dussel, E. (2007). Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Madrid: Trotta.

Honneth, A. (2007). La lucha por el reconocimiento. Madrid: Crítica.

Katz-Wise, S. L., & Hyde, J. S. (2012). Victimization experiences of lesbian, gay, and bisexual individuals: A meta-analysis. Journal of Sex Research, 49(2–3), 142–167.

Latinobarómetro. (2023). Informe anual de opinión pública en América Latina. Santiago: Corporación Latinobarómetro.

Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades. Buenos Aires: Katz Editores.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Oxford University Press.

Warner, M. (1999). The Trouble with Normal: Sex, Politics, and the Ethics of Queer Life. Cambridge: Harvard University Press.